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Crisis y cuentas públicas: responsabilidad frente a la demagogia
(Rafael González Tovar)
Domingo, 22 de Agosto de 2010
A estas alturas estamos todos un poco cansados de la visión que equipara crisis a oportunidad, y de su versión española que nos insta a hacer de la necesidad virtud. Pero la crisis nos fuerza a extraer las lecciones necesarias para modificar ciertas conductas y cimentar un crecimiento sólido y cuanto más tiempo tardemos, peor para todos, especialmente en las regiones que, como la nuestra, más errores arrastran y más desempleo deriva de ellos.
En los últimos treinta años los españoles hemos construido un Estado complejo; con todos sus defectos, pero yo creo que en general debemos sentirnos orgullosos del camino andado; no es el momento de tirar a la basura los logros conseguidos en términos de convivencia y cercanía, sino el de analizar críticamente el sistema para mejorarlo. En estas tres décadas hemos pasado de un país muy centralista, donde todo se decidía en Madrid, a uno de los países con el sector público más descentralizado, donde el Gobierno de España gestiona apenas un tercio del gasto público total mientras que recauda la mayor parte de los impuestos, que luego transfiere a comunidades y ayuntamientos. Esta asimetría entre quién cobra y quién gasta dificulta que los ciudadanos perciban de forma clara la restricción presupuestaria de cada Administración, es decir, la relación entre sus políticas y lo que nos cuestan a todos. Y esa percepción es fundamental en democracia, porque es la que permite a los votantes decidir si quieren más o menos gasto público (y de qué tipo) y en consecuencia aceptar más o menos presión fiscal (y también ahí hay tipos).
El Nobel de Economía Paul Krugman nos mostraba en un reciente artículo que las dificultades de los gobiernos locales para proveer de bienes básicos a sus ciudadanos no son exclusivas de España. Aquí, el PP ha llegado a rizar el rizo y se opone sin rubor a la eliminación de una medida como la desgravación de los 400 euros, medida a la que se opuso cuando la introdujo el Gobierno en un momento en el que la crisis era percibida como más suave por la mayoría de los analistas. Su oposición ha llegado a convertirse en un catálogo de malas prácticas en el que lo que importa es oponerse a todo y no sólo las propuestas constructivas, sino la más mínima coherencia brillan por su ausencia.
En la Región de Murcia llevamos semanas oyéndoles pedir que el ritmo de inversión del Gobierno de España se mantenga al nivel que estaba, que era muy alto, mucho más que el de la Comunidad (el doble, cuando el resto de comunidades invierten de media más que el Gobierno en sus territorios) y por supuesto, mucho más que el que había con Aznar (en función de cómo se mida, entre el doble y el triple). Esa petición puede ser razonable si se defiende que el Gobierno debe ser todavía más activo en sus paquetes de gasto contra la crisis, tipo Plan E, pero entonces no se entiende la agresividad con la que han contestado a unas declaraciones del ministro de Fomento en las que sólo reflexionaba sobre una evidencia: si queremos infraestructuras de primera debemos estar dispuestos a pagarlas. No era una propuesta, ni mucho menos un anuncio, era una simple reflexión sobre lo obvio, pero a los demagogos nunca les ha parado la lógica, y con la misma vehemencia con que exigen más inversiones exigen que ni siquiera se hable de cómo pagarlas.
Me preocupa especialmente el siguiente paso que han dado en la espiral de la demagogia seudoliberal, y que ha consistido en poner en cuestión el uso en general del dinero público. La Administración del Estado es mucho más austera y transparente que cualquier otra Administración pública en España, aunque en ambos campos todos debemos seguir haciendo esfuerzos por mejorar. Pero, en cualquier caso, todo el mundo debería saber que la Región de Murcia recibe más de lo que paga a las arcas públicas por muchas vías: en pensiones, porque al venir de un mayor retraso, tenemos más jubilados beneficiados de un complemento de mínimos; en desempleo, porque como la crisis ha afectado más a nuestra Región, recibimos más prestaciones; en financiación autonómica, porque al ser de las regiones más pobres contribuimos menos de lo que recibimos, sobre todo ahora que el Gobierno ha mejorado el desastroso sistema firmado por Valcárcel y Aznar y que no contemplaba mecanismos automáticos de actualización de la población.
Que desde la Región de Murcia se quiera reducir al poder redistributivo del Estado es un sinsentido. El Gobierno regional está actuando en esta crisis como el pirómano metido a bombero: en lugar de analizar qué errores ha cometido para que el número de parados haya crecido aquí en los tres años de legislatura de Valcárcel el doble que en España, y qué puede hacer para paliarlo con los 5.000 millones que ponemos en sus manos, se dedica a promover debates que atentan directamente contra los intereses generales de nuestra Región.
El victimismo permanente, la confrontación continua con el Gobierno de España y evitar la búsqueda de soluciones regionales que nos ayuden a avanzar juntos son los métodos mas usados aquí. Ahora le son rentables políticamente al Partido Popular, pero creo que están hipotecando gravemente el futuro de nuestra Región.
Fuente de la información: Diario La Verdad
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